El caso del Cemic y la crisis de la medicina privada – .

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Argentina dedica más del 9% de su PIB a la salud. Quienes más contribuyen al financiamiento del sistema son las obras sociales -que reciben aportes de trabajadores y empleadores- y las organizaciones médicas prepagas, mientras que el que menos contribuye es el Estado, ya sea nacional, provincial y municipal. Aun así, las críticas públicas van en aumento en todos los sentidos, sobre todo después de los más de dos años críticos que ha soportado el sistema a consecuencia de la pandemia, con restricciones al desarrollo general que han superado todo lo que se sabe.

No es sorprendente. Como el país no cuenta con un plan nacional de salud, no existen lineamientos sistemáticos sobre lo que se le puede exigir al estado y en qué medida se deben prestar los servicios de las organizaciones privadas sin menoscabar la sostenibilidad de las bases sobre las que operan.

Desde hace más de veinte años, el estado nacional se encuentra en emergencia económica. Es cierto que este es un récord mundial, pero nadie en la agenda política lo expone como un indicador de la incapacidad del gobierno para dejar atrás uno de los momentos más dramáticos de la historia nacional para siempre. Hablamos aún menos del estado de emergencia sanitaria, que también es anterior a la crisis epidemiológica desencadenada en 2020también por la acentuación de los problemas que se arrastraban.

¿Podemos explicar por qué hay tantos profesionales en instituciones prestadoras de alto nivel, particularmente en el campo quirúrgico, que pactan con los pacientes honorarios fuera del sistema institucional y, en ocasiones, también fuera de la ley?

Si la excepción sanitaria impuesta por la pandemia cayera de la noche a la mañana por una norma legal, el sistema médico privado colapsaría con la misma rapidez. solo el aplazamiento sine die de problemas de larga data explica una situación de tal potencial.

Son muchas las cámaras de comercio que abarcan el complejo y decisivo mundo de la medicina privada que atiende a millones de argentinos. Tomemos, para la simplificación del problema, sólo tres, las que tienen el peso relativo más importante en esta órbita empresarial: la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim)que generalmente actúan de forma conjunta, y la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami)que incluye instituciones sin fines de lucro como Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), las que se aplican a la docencia, la investigación e incluso la atención a personas necesitadas. Entre el 70 y el 80 por ciento de los afiliados que integran un total de más de 400 empresas asociadas a todos estos rubros, las deudas con el Estado derivadas de obligaciones tributarias cuya ejecución se encuentra suspendida con motivo de la referida emergencia sanitaria son de tal magnitud que por un gran mayoría son invaluables.

¿Son los líderes políticos conscientes de lo que esto significa? ¿Podemos explicar, ahora, que el pago de honorarios a los profesionales adscritos a estos servicios sea por cantidades irrisorias, penuria duplicada por la demora -el típico efecto “bicicleta”, popularizado en las redes financieras- en la efectividad de los cobros? ? ¿Es comprensible hoy que existan tantos profesionales en instituciones prestadoras de alto nivel, particularmente en el campo quirúrgico, que pactan con los pacientes honorarios fuera del sistema institucional, y en ocasiones también al margen de la ley?

Los vacíos legales terminan siendo llenados por los jueces a espaldas de un contexto general vulnerable

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La irresponsabilidad política exacerba la gravedad de estos problemas. Desde mediados de 2020, cuando se declaró oficialmente el brote de Covid, el gobierno comenzó a acaparar insumos para hacer frente a la crisis desatada. El gobierno kirchnerista de Le Pilar, a cargo de Federico de Achaval (h), ha acordado con el Cemic la realización de las PCR para la identificación del virus en las personas que puedan haberse visto afectadas en este término municipal. A lo largo de semanas y meses, solicitó a la Cemic otros aportes, como el aporte de los llamados “swabbers”, es decir, personal con experiencia en la realización de la primera etapa de esta tarea.

Si bien Pilar pagó las primeras facturas con normalidad, las siguientes comenzaron a pagarse con retrasos, reclamaciones cruzadas y en medio de las oscuras y tortuosas negociaciones propias de los famosos procesos burocráticos en la narrativa de Kafka. Hoy Pilar le debe a Cemic 31.5 millones de pesos, acumulados en 2020 y 2021, que junto con los intereses devengados actualmente supera los 60 millones de pesos. Los códigos de la política suburbana no han perdonado, con la opacidad de su lógica, ni siquiera a una institución de calidad reconocida internacionalmente.

¿Qué hacer en situaciones escandalosas como esta? ¿Rendirse por impotencia? Esperemos que no. Cabe esperar que Cemic recurra a la justicia para defender sus derechos y el respeto debido a su cartera de miles de asociados. ¿O es posible hacer algo diferente con las deudas pendientes con esta entidad por parte de la PAMIque por concepto de 2021 asciende a aproximadamente 39,5 millones de pesos a la fecha, salvo coacción ante la amenaza de represalias del Estado nacional?

Es urgente que la salud tenga un capítulo preferencial en la agenda política. Más aún con la proximidad de las elecciones

Y estos son solo algunos ejemplos, tomados al azar, de las vicisitudes de todo tipo que sufren los proveedores médicos privados en Argentina. La ausencia de un plan nacional de salud, que abarque todos los aspectos de la atención de la salud en el país, está lejos de haber sido subsanada por ciertos correctivos, como la resolución de 2002 que creó el plan médico obligatorio, y por algunas leyes que tratan de problemas médicos .

Esta paupérrima legislación establece una canasta de prestaciones obligatorias, pero con carácter de piso. El tope se ha ido elevando, paulatinamente, a raíz de sentencias judiciales muchas veces dictadas bajo presión social en tal o cual caso particular, y sobre la base de normas que agregan costosísimos tratamientos y prestaciones de medicamentos, olvidando previsiones responsables sobre la contrapartida en recursos que se deben planificar. para enfrentarlo Así, los vacíos legales terminan siendo llenados por los jueces a espaldas de un contexto general vulnerable.

Con toda la importancia que este último tema sugiere, es uno más, entre muchos otros como algunos de los mencionados anteriormente, que impulsan a la salud a tener un capítulo preferente en la agenda política. Sobre todo con la proximidad de las elecciones generales para el nuevo periodo de gobierno que se inaugurará a finales de 2023.

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