Un juez ha rechazado una medida cautelar para detener el nombramiento del candidato radical para el Consejo de la Magistratura – .

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El juez de lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick rechazó hoy una medida cautelar solicitada por el jefe del bloque de diputados del Front de tous (FdT), el Germán Martínez, suspender el nombramiento del diputado radical roxana reyes al nuevo Consejo de la Magistratura. A partir de ahora, el mismo magistrado tiene cinco días para pronunciarse sobre el amparo, lo que alarga la definición de la composición del órgano que selecciona y acusa a los jueces.

Hace una semana, el magistrado rechazó una medida cautelar y solicitó informes a la Cámara de Diputados, a cargo de Sergio Massa. Esta respuesta no llegó a la corte hasta el pasado viernes. Los abogados de la Cámara Baja han pedido que se desestime la medida cautelar, argumentando que “este es un asunto que probablemente no se tratará en los tribunales, ya que se encuentra dentro del ‘área de reserva legislativa’.

“Acceder a la medida cautelar solicitada en el proceso, a diferencia de una resolución cuyo antecedente legal no ofrece prima facie dificultades en su interpretación, lesionaría irremediablemente el interés público en cuestión”, agregaron.

Cormick rechazó hoy la medida cautelar por motivos formales. “No puede considerarse probada la “probabilidad del derecho” del amparista a conceder la medida de suspensión provisional solicitada”. Y añadió: “Que la falta de acreditación de la verosimilitud de la ley prescinde de analizar la peligrosidad en la demora, pues la mera ausencia de uno de los requisitos basta para impedir su origen.

Así, sigue en vigor la resolución 0689/22 que ordena el nombramiento de reyes.

El magistrado tiene ahora cinco días para pronunciarse sobre el amparo.

El sábado, otro juez de la misma jurisdicción, Pablo Cayssials, rechazó una medida cautelar interpuesta por el senador pro Luis Juez para ordenar su nombramiento en el Consejo Nacional de la Judicatura. La sentencia resaltó la jurisprudencia que sostiene que “en los casos en que se impugnen actos realizados por otros poderes, la función jurisdiccional no afecta la forma en que se ejerzan dichos poderes, pues ello implicaría la invasión que ‘evita’”.

La oposición había puesto en entredicho la maniobra política de la vicepresidenta Cristina Kirchner que permitió la designación del jugador de campo Martín Doñate en lugar del senador cordobés. Sin embargo, el juez consideró que la revisión de la nominación realizada en el Senado “excede” el papel del poder judicial. “Admitir la propuesta de los amparistas implicaría profundizar en la evaluación de la oportunidad o la subjetividad de la partición del Frente de Todos Bloc, lo que conduciría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes, poniéndose en peligro –según los términos de la Corte Suprema, el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos”, argumentó Cayssials.

Este lunes, El senador Luis Juez, al igual que su colega Humberto Schiavoni, apelaron esta decisión, por lo que ahora la Cámara debe intervenir en el litigio contencioso administrativo federal. De esta manera, la hipótesis de los diputados al Congreso quedará en suspenso.

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“La sentencia de 30/04/2022 que se está recurriendo, genera una carga irreparable, ya que, de ser firme, el Consejo de la Judicatura se complementaría con un tercer funcionario senador del total de 4 que prevé la ley para integrar el organismo por el H. Senado de la Nación, esto en violación del derecho adquirido por la segunda minoría (Frente Pro Bloque), de integrar el Consejo en tal carácter”, indica la presentación a la que tuvo acceso Infobae.

Y agrega:Estamos ante una cuestión de pleno derecho, claramente jurídica y no política, en la que hay que determinar cuándo hay que comprobar qué bloque es el que tiene la calidad de segunda minoría”.

El Consejo de la Judicatura, bajo el liderazgo del Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, comenzó a funcionar la semana pasada con 18 miembros. Es solo una formalidad. De hecho, el organismo está paralizado mientras el conflicto se define en la Justicia.

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