el crimen policial que conmocionó a Córdoba y sacudió al gobierno

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Han pasado dos años desde aquella madrugada en que dispararon por la espalda a Valentino Blas Correa. Ese día, el joven, acompañado de tres amigos y la novia de uno de ellos, caminaba por la avenida Vélez Sarsfield. En Pablo Pizzurno encontraron un retén policial, pero no se detuvieron del todo cuando dos agentes comenzaron a disparar contra el Fiat Argo en el que viajaban.

Según la investigación inicial, se encontraban presentes dos móviles con cuatro militares en total, dos hombres y dos mujeres. Inicialmente, se dijo que la intervención policial fue producto de un incidente de tránsito en el que el automóvil se vio involucrado en una motocicleta. Sin embargo, esto no pudo ser verificado.

Según los periciales, esa noche al menos cuatro proyectiles impactaron de frente contra el vehículo, uno de ellos hirió a Blas en la espalda. Asustado, el conductor del Argo acelera aún más y entra a la rotonda de Las Américas.

Con dos personas menos y Blas lesionado, el conductor llegó al sanatorio Aconcagua donde se negaron a atenderlo. Hecho por el que tres personas que trabajan en el centro de salud se enfrentarán a una demanda por abandono de persona y omisión de ayuda. Justo después de las 12:30 a. m. del jueves, Blas no respiraba.

El próximo miércoles 7 de septiembre comenzará el juicio para determinar la culpabilidad de los policías implicados. Aunque en la causa hay 13 imputados, los dos agentes que dispararon esa noche con sus armas reglamentarias son los acusados ​​de haber participado directamente en la muerte del joven.

Se trata de Lucas Gómez, de 35 años, y Javier Alarcón, de 31. Se les imputa “homicidio agravado con arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de funciones por un miembro de la policía”. En 2016, Gómez ya había sido condenado por encubrir a un violador serial en La Calera. Sin haber cumplido la totalidad de su condena, el juzgado de circulación policial le permitió volver a sus funciones de patrullaje.

Ayer Soledad Laciar, madre de Blas Correa, participó en el juicio de Beco Ávila, otro joven que murió a manos de la policía en julio de 2020. Allí expresó su esperanza por el juicio de su hijo. “Dios quiere que lleguemos a la verdad. Fueron cómplices de una situación terrible. Hay muchos otros responsables, por acción u omisión”, señaló.

Los dos hombres que dispararon se enfrentarán al banquillo ante el jurado penal de la 8ª Sala Penal de Córdoba. Aunque la investigación comenzó bajo Hugo Almirón, fue destituido de su cargo. Dos fiscales estuvieron a cargo de la investigación: Fernando López Villagra, suplente, y Marcelo Hidalgo, ambos tendrán la tarea de realizar la acusación contra los responsables del homicidio.

Asimismo, estará presente el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien había solicitado participar como observador en el juicio. También contará con jurados populares, y se exhibirán registros telefónicos, filmaciones y testimonios que conforman más de 400 páginas de registro.

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Violencia institucional: deudas, silencios y responsabilidades

El asesinato de Blas Correa representó un punto de inflexión para el gobierno provincial. Durante la pandemia, los casos de violencia institucional en Córdoba han sido un problema concreto en materia de políticas de seguridad, y la demanda de soluciones continúa.

A pocas semanas de lo ocurrido con Blas, saltó a la palestra el asesinato de Joaquín Paredes en Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje. También golpeado en la espalda, el joven de 15 años perdió la vida. Seis oficiales están imputados en el caso. Su muerte fue la séptima vinculada a la violencia institucional durante la pandemia.

Cabe recordar el asesinato de Beco Ávila en julio de 2020. Esta semana durante el juicio y tras dos años de investigación, la fiscalía había pedido la pena máxima, pero la Sala Penal 3ª de Córdoba condenó al policía que lo asesinó a 11 años de prisión. prisión El otro suboficial implicado recibió una pena mínima por encubrimiento. La madre de Blas estaba allí.

Estas muertes no son hechos aislados. Más bien, cristalizan un problema que continúa ocurriendo en los barrios de toda la provincia. A pesar de la ráfaga de críticas y quejas, el gobernador Schiaretti no hizo ningún comentario al respecto. Solo un año después, y ante la fuerte insistencia de la madre de Blas, el gobernador accedió a discutir el asunto en una reunión privada con ella.

Recientemente, la muerte de Jonatan Romo en La Falda cambió el enfoque del gobierno provincial y sacudió levemente algunos puestos de seguridad. El bloque legislativo opositor de la UCR emitió un comunicado pidiendo la renuncia del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. La respuesta a la ola de críticas fue la reafirmación del funcionario en su cargo, pero el desplazamiento de varios funcionarios a posiciones intermedias.

“La institución policial merece respeto y consideración, es una de las mejor dotadas de todo el país”, dijo en diálogo con la prensa. Además, agregó que las caracterizaciones que se hicieron sobre la policía fueron “injustas”.

Es cierto que la crisis dentro de las fuerzas policiales se remonta a mucho tiempo atrás. Si se evidencia una nueva forma de abordar la violencia institucional, es cierto que es necesario profundizar no sólo en el accionar individual de determinados efectivos, sino también en la formación policial que se le da a cada miembro de las fuerzas.

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