Justicia ordenó la extradición a Colombia de las “FARC argentinas”, acusadas de secuestro y homicidio

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Facundo Morales cuando era miembro de las FARC

Juez Federal de Esquel, guido otrantoordenó la extradición a Colombia de Facundo Morales Schönfeld, un exguerrillero argentino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusado de rebelión armada contra el gobierno colombiano, por el secuestro y privación ilegal de la libertad de un concejal municipal y por el asalto, robo y crimen de cuatro integrantes de una patrulla policial.

Fuentes judiciales informaron Infobae que el magistrado aceptó la solicitud de extradición del sistema judicial colombiano y ordenó que cuando su resolución sea firme, la Cancillería argentina exigirá a Colombia que garantice las condiciones de detención de Morales Schoenfeld, de 46 años, establecidas por las normas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de una manera que preserve su vida y seguridad personal.

Morales Schoenfeld se unió a las FARC en 2002 y se convirtió en miembro de la columna Teófilo Forero. con el apodo Camilo Fer, Era conocido como ‘El Argentino’ y fue miembro de la organización guerrillera hasta 2017, cuando se retiró tras procesos de paz iniciados un año antes; pero anteriormente, Morales Schoenfeld había sido degradado de la organización.

“El Argentino” fue uno de los que se opuso a este proceso porque entendió que no se iba a dar y que lo único que buscaba el gobierno colombiano era matar y encarcelar a los militantes de las FARC.

Regresó a Argentina y estuvo en Bolivia en 2019 cuando cayó Evo Morales. Durante una manifestación recibió tres disparos, fue hospitalizado y luego pasó un año en prisión hasta que en 2020 fue repatriado a Argentina. Pero Morales Schoenfeld tenía vigente una circular roja de detención de la Interpol por órdenes de la justicia colombiana. Por esta orden, en noviembre del año pasado, fue detenido en Chubut y se inició su proceso de extradición.

Colombia ha denunciado tres hechos: el primero, por el delito de rebelión armada como miembro de las FARC entre 2004 y 2016; el segundo, por el secuestro del asesor José Armando Acuña Molina, ocurrida del 29 de mayo de 2009 al 11 de febrero de 2011, cuando fue puesto en libertad. Molina fue secuestrado durante la toma del palacio municipal cuando miembros de las FARC se disfrazaron de soldados colombianos y mataron a cuatro personas e hirieron a dos. En consecuencia, se acusa a Molares Schoenfeld de haber sido uno de los responsables de la custodia de Acuña Molina en la última etapa de su secuestro y de haber participado en su liberación.

El tercer cargo se relaciona con el ataque del 3 de noviembre de 2010 a una patrulla policial en la que miembros de las FARC robaron armas y mataron a cuatro de sus miembros.

Morales durante su detención en Chubut

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El juez Otranto analizó los casos y aceptó la extradición de Molares Schoenfeld por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y robo agravado por el secuestro del concejal Acuña Molina y por el ataque a la patrulla policial.

En tanto, rechazó como inadmisible la acusación de rebelión y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de terrorismo y uso ilegal de uniformes e insignias de uso exclusivo de las fuerzas del orden.

Durante la audiencia en la que Otranto dictó su veredicto, adelantó oralmente las bases de la decisión que se conocerá este jueves. El magistrado explicó que debe haber compatibilidad entre los delitos previstos por la ley colombiana con los de Argentina en caso de que el imputado sea juzgado por estos hechos en nuestro país.

Así, el juez señaló que el delito de uso ilegal de distintivos e insignias para el uso del uniforme militar de las FARC no está contemplado en Argentina y lo sobreseyó. Lo mismo ocurre con la calificación de terrorismo que se aplica en Colombia a los homicidios en el ataque a una patrulla policial porque, al momento de los hechos, la legislación argentina aún no había incorporado esta calificación como circunstancia aplicable a cualquier delito cometido con el fin de aterrorizando a la población.

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